Trans no pueden cambiar identidad
Posponen, en el Congreso local, la discusión de la ley en la materia
Congresistas argumentaron ¨inconsistencias y yerros¨ en el documento
Juan Lagunas 
Bajo el argumento de “inconsistencias y yerros” en su estructura, el Congreso decidió aplazar la discusión de la ley del cambio de identidad de las personas trans.
Con 10 votos a favor, el tema se postergó (dentro de la sesión ordinaria de pleno de este martes, que inició alrededor de las 11:15). En ese sentido, la parlamentaria Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza, externó (en sus “reservas”) que “de la lectura que se realizaron a los dictámenes que me fueron turnados, observo que hay yerros e inconsistencias técnicas y jurídicas…”.
Especificó que se proponen reformas al código familiar y al código procesal familiar, “para facilitar los trámites del cambio de identidad”; sin embargo, refirió que la fracción XXX del artículo 73 de la Carta Magna dice que el congreso general tiene -desde el año 2017- “la potestad exclusiva de legislar sobre la legislación procesal civil y familiar, por lo que solicito que dicho dictamen se devuelva a la comisión dictaminadora para que analice objetivamente la potestad de este congreso…”.
Asimismo, adujo que no sólo es en el tema antes descrito, sino en lo que respecta a otro documento emanado de la comisión de Puntos Constitucionales, que se refiere una reforma a los preceptos dos y 42 la Ley del Servicio Civil, porque: “el cuerpo de dichos artículos que se pretenden reformar se citan instituciones públicas que tienen actualmente otras denominaciones en la constitución del estado; ejemplo de ello es el Consejo de la Judicatura, hoy denominada Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina; asimismo, se tiene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy denominado Tribunal de Justicia Administrativa, de igual forma es preciso establecer que al IMIPE actualmente no lo conforman consejeros sino comisionados”; de esta forma, con base en lo antes expuesto, solicitó que “este asunto se devuelva a la comisión dictaminadora para que corrija esos yerros y adecue los citados artículos al actual texto constitucional”.
Añadió que con lo descrito se evitarían “… controversias constitucionales que puedan ejercitar en nuestra contra la Fiscalía General de la República o la acción de inconstitucionalidad que pueda realizar las comisiones de derechos humanos…”.
