Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

El 4 de mayo de 2015 se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento dentro del cual se instituye, en su título segundo denominado Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, la creación de una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, misma a la que se refiere como Sistema Nacional.

Esta instancia, está integrada por un conjunto orgánico, comprendido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales; los Organismos garantes de las Entidades Federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Quienes por medio de procedimientos, instrumentos y políticas, persiguen el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano garantizando el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional, así como también coordinando y evaluando las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia en todos sus ámbitos.

Como se expone, el sistema nacional requiere de la coordinación de diferentes organismos y entidades, en razón de sus ámbitos de competencia, manteniendo vigente de esta forma los lineamientos de transparencia en los tres ámbitos de gobierno, conformando una Plataforma Nacional donde se pueda consultar lo relativo a la transparencia de sujetos obligados en las distintas entidades federativas, fortaleciendo el federalismo del Estado mexicano y procurando la generación de información de calidad, la gestión de la información, el procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la fiscalización efectiva, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad.

Es de relevancia resaltar quienes son aquellos que tienen la característica de sujetos obligados en las diversas entidades federativas que conforman la nación, siendo estos, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Quienes además de estar constreñidos a responder toda solicitud de información que haga valer cualquier ciudadano, tienen obligaciones comunes y específicas de poner a disposición del público y actualizar cierta información relativa a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda y la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas referentes a la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones; a los gastos de representación y viáticos; a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios; a la información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen; a la información financiera sobre el presupuesto asignado; a la información relativa a la deuda pública; a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos; a las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; entre muchos otros.

A cuatro años de la publicación de la referida ley y a la entrada en vigor del Sistema Nacional, la participación de la sociedad en la consulta de información y en los temas de transparencia existe y se encuentra en aumento constante, lo que conlleva a establecer una nueva relación entre gobierno y gobernados que este dotada de mayor transparencia tanto a nivel estatal como nacional, buscando cumplir la finalidad del Sistema, recuperando la confianza en las instituciones públicas y en todos aquellos entes y organismos que hagan uso de recursos públicos.