Serpientes y escaleras - ¿Sanción a los corruptos?

Mientras no se ponga un alto a la corrupción no se acabará la impunidad

¿Sanción a los corruptos?

Desde hace años un severo problema que enfrentamos los mexicanos es la inseguridad y la violencia que esta genera; combatir la corrupción fue la principal oferta de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, el discurso del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional versó en ese tópico y la gente lo hizo suyo: para enfrentar los demás retos del país lo primero es ponerle un freno a la impunidad. En Morelos la promesa fue la misma y sigue inconclusa.

La revelación a través de los Pandora Papers de los nombres de cientos de figuras de la vida pública mexicana que manejan millones de dólares en paraísos fiscales expone los altos niveles de corrupción e impunidad que imperan en México. Me refiero específicamente a personajes de la vida política que en algún momento han ocupado un espacio en la administración pública o sigue participando de la actividad pública. Las fortunas ahí expuestas abren el debate sobre el origen de ese dinero.

Los Pandora Papers son un capítulo más de una historia interminable que antes tuvo como nombre La Casa Blanca, La Estafa Maestra o localmente el Caso Primavera. En todos los casos se habla de actividades que exponen manejos irregulares, acciones fuera de la ley y miles de millones de pesos cuyo origen en muchos casos es el erario.

Localmente Morelos también ha sido escenario de historias similares; en la época de Sergio Estrada Cajigal se hablaba de los negocios que realizaban los hermanos Becerra Pérez, los contratos que de manera directa asignaba Noé Sánchez, las obras sin licitar de Javier Bolaños o el caso Gemtel de Alfonso Pedroza. Todos, dicen, incluían un “regreso” al jefe del ejecutivo en el estado, de quien sus allegados afirman depositó sus millones en las Islas Caimán.

Cosas similares vimos en las siguientes dos administraciones, muchas a nivel municipal; Cuernavaca de manera particular ha sido escenario de un saqueo inconcebible y sin recato: con más de mil cuatrocientos millones de pesos de presupuesto anual la capital ha sido botín de múltiples gobiernos que llegan, saquean y se van sin que nadie haga nada.

El caso más escandaloso de corrupción en un ayuntamiento está hoy a la vista en la figura de Antonio Villalobos Adán; por la cantidad de dinero que ha manejado, pero sobre todo por la torpeza como lo ha hecho, la del “Lobito” es sin duda la administración más corrupta, ineficiente y torpe que ha tenido Cuernavaca en toda su historia; las faltas cometidas son muy graves, casi tan escandalosas como los niveles de cinismo con el que actúan los funcionarios municipales que extorsionan a la gente o cobran un porcentaje a las empresas que prestan algún tipo de servicio municipal.

Sancionar los actos de autoridad del presidente municipal en funciones tendría que ser una prioridad no solo del gobierno entrante, también debería ser considerado como un objetivo de los legisladores, un reto para la Fiscalía Anticorrupción y un acto de congruencia de parte de la administración estatal, porque los abusos cometidos no solo han sido desproporcionados, también se han hecho sin ningún tipo de cuidado jurídico para ocultar los hechos. Digámoslo de esta forma: a Villalobos no lo deben encarcelar solo por corrupto, lo deben procesar por idiota.

La falta de sanción a los actos fuera de la ley que se cometen en un gobierno se hacen norma y se transforma en impunidad, porque quienes roban desde un cargo público saben que no les va a pasar nada. En el sexenio de Sergio Estrada Cajigal, por ejemplo, sus allegados compraron de manera abusiva, con información privilegiada, los terrenos donde se construiría la autopista siglo 21; la maniobra se hizo pública en su momento y hubo denuncias, pero al final no pasó nada porque hubo complicidad entre autoridades salientes y las entrantes.

Lo que hace una semana declaró el alcalde electo José Luis Urióstegui sobre la situación en la que se encuentra la administración saliente es contundente “Las cosas están peor de lo que se nos había dicho”. Y es obvio: ni Antonio Villalobos ni sus funcionarios van a reconocer la gravedad del problema que le van a dejar al siguiente gobierno, mucho menos aceptarán que este escenario es consecuencia de sus acciones.

Aquí surge una pregunta ¿Qué tan importante es que la futura administración proceda contra los responsables del saqueo?

Algunas voces refieren que la prioridad de José Luis Urióstegui debe ser atender los conflictos de la ciudad, entrarle de inmediato a la solución del problema de agua, de basura y a la remediación de las calles y avenidas. Por supuesto que estos temas son urgentes y masivamente demandados por la población, pero posponer o dejar de lado la actuación legal contra los actos de corrupción representaría un terrible mensaje para los ciudadanos que votaron por un cambio en Cuernavaca.

Veámoslo de esta forma: si la ciudadanía quisiera un buen intendente para la ciudad, alguien que se dedicara solo a darle mantenimiento al municipio sin entrar de lleno a los vicios de fondo que han provocado las grandes crisis municipales, el voto pudo ser por cualquier otro candidato.

La decisión de apostar por José Luis Urióstegui fue porque el abogado representaba algo diferente, porque además de que podría mejorar la imagen visual de la ciudad elevando la calidad de los servicios, apostaría por cambiar las cosas desde dentro. Es mas: tomando como base la decisión tomada de salirse del Mando Coordinado de Policía es evidente que el abogado no apuesta por entrar a un espacio de confort, sino a una transformación de fondo en el municipio.

Todos los capitalinos queremos que las cosas en Cuernavaca mejoren, que los servicios sean de mayor calidad, lo cual traería como consecuencia un repunte económico y un alza en la calidad de vida; nadie en su sano juicio desearía que la apuesta del alcalde Urióstegui de enfrentar directamente a la delincuencia falle, porque las consecuencias de ello las pagaríamos todos. Se puede estar o no de acuerdo con su idea, pero no es factible apostar por el fracaso colectivo.

Precisamente porque se trata de un hombre que no apostará por la comodidad gubernamental podemos suponer que la de José Luis Urióstegui puede ser una administración que actúe contra los actos de corrupción y ponga un freno a la histórica impunidad que hemos visto en todos los gobiernos. Los objetivos están a la vista: Antonio Villalobos y varios de sus funcionarios han cometido actos de corrupción que son del dominio público y deben ser castigados.

Políticamente hablando el gobierno de Cuernavaca será la plataforma desde donde la oposición tratará de recuperar el estado en el 2024, con un hombre que goza de una buena reputación individual y podría volverse una figura política reconocida por su trabajo y desempeño. Para que esto suceda el abogado debe mostrar desde el primer minuto de su trienio que no es igual a los otros alcaldes que han pasado por la ciudad, que no será cómplice de los corruptos, ni tapará las tropelías cometidas por Antonio Villalobos y sus cómplices.

No hay que dejar de observar que en su actuación como presidente municipal de Cuernavaca José Luis Urióstegui no tendrá muchos aliados políticos locales ni nacionales, que sus socios políticos más fuerte son los hermanos Martínez Terrazas, una tripleta mal vista por la sociedad y distante de todos los espacios de poder y toma de decisión estatal. En este momento el abogado no tiene de su lado al gobierno de Morelos ni al federal, no está cerca del congreso ni tampoco de los partidos políticos; más aún: los encuentros que en los últimos meses ha tenido en la Ciudad de México son relaciones públicas, es decir, reuniones de carácter recreativo más que funcional.

Viéndolo de manera electoral a muchos actores de poder no les conviene que a José Luis Urióstegui le vaya bien, porque ello va en contra de los intereses de quienes desean competir en el 2024; precisamente por eso el futuro presidente municipal de la capital debe medir bien sus pasos y tomar decisiones que lo conecten con la sociedad, para que a la vuelta del tiempo su gobierno sea una referencia estatal y su figura goce de la simpatía de la gente.

Todo lo anterior empieza con las decisiones que tome y del equipo que lo acompañe al próximo alcalde de Cuernavaca. Urióstegui está decidido a dar la batalla por la seguridad y lo menos que podemos esperar de un abogado que conoce y respeta la ley es que proceda conforme a derecho contra quienes se condujeron de manera incorrecta.

Si lo hace, si además de sus planes de gobierno combate la corrupción de la administración saliente no solo le pondrá un alto a la impunidad, también sentará un precedente en el estado y se volverá la figura a quien apoyar en el 2024.

La expectativa que despierta el gobierno de José Luis Urióstegui es alta, por eso lo que se espera de él es mucho. Flotar en el gobierno ya no es opción.

• posdata

Tras su salida del gobierno estatal el exasesor anticorrupción del gobierno estatal ha comenzado a dar declaraciones en contra de la administración de la cual formó parte; refiere actos ilegales y acciones que ameritarán denuncias de su parte.

Reflexionemos dos cosas al respecto: Gerardo Becerra se incorporó al gabinete de Cuauhtémoc Blanco con el objetivo prioritario de sancionar los actos de corrupción de Graco Ramírez, de quien, lo dijo varias veces, tenía “todas las pruebas y elementos” para ponerlo tras las rejas. Tres años después ningún graquista está en la cárcel.

Las presuntas irregularidades cometidas en la actual administración, a las cuales se refiere el exfuncionario estatal, se habrían cometido desde el primer año de gobierno ¿Por qué esperó hasta que fue relevado del cargo para denunciar que se cometían actos al margen de la ley?

Independientemente de las denuncias que eventualmente presente el exfuncionario, si la jugada de Gerardo es política, le falló. Después de su estancia en el equipo de José Manuel Sanz será muy difícil que en el futuro cercano veamos a Becerra en una posición de primera línea en lo político, en lo social o lo electoral.

Again: su jugada política no salió.

• nota

El gobierno estatal ha hecho pública su intención de clausurar de manera definitiva 14 terrenos que funcionan como tiraderos de basura a cielo abierto; la medida, si es que la llevan a cabo, coadyuvará al medio ambiente porque el depósito de basura en esos lugares representa un enorme foco de contaminación, sin contar todos los daños a la salud que trae aparejado.

Pongámoslo en perspectiva: en Morelos operan solo dos rellenos sanitarios certificados que cumplen con las medidas de contención y remediación que establece la norma federal; por orden de creación está La Perseverancia en Cuautla y Loma de Mejía en Cuernavaca. Morelos está integrado por 36 municipios y restando a unos cuantos que mandan sus desechos sólidos a estos lugares, en casi todos lados la basura se coloca en lugares que no tienen ningún tipo de estructura, es decir, son terreno que generan contaminación al entorno, que filtran lixiviados al subsuelo y dan albergue a fauna nociva.

El tema es de fondo y sumamente importante; si la administración estatal decide entrarle al tema no solo regulará un proceso al margen de la ley, también atenderá un problema ambiental sumamente importante que históricamente ha sido olvidado.

• post it

Siguen las manifestaciones en el Sapac por falta de agua. Y continúa el valemadrismo del alcalde Villalobos.

• redes sociales

Los jóvenes cumplieron y acudieron de forma masiva a vacunarse contra covid. Aplausos.

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