Serpientes y escaleras - Primero: seguridad

Ante el problema de violencia todos echan culpas, pero nadie asume responsabilidad.

Primero: seguridad

La inseguridad está carcomiendo al país, al estado y a los municipios. La delincuencia le va ganando la batalla al gobierno, consume territorios completos y manda mensajes de fuerza para dejar claro quien marca la pauta en este baile. La Guardia Nacional es la esperanza de todos, es la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la única opción que tiene hoy el país para enfrentar este enorme reto. Vivimos el peor momento de la historia en materia de seguridad.

Hablemos de Morelos:

En la tierra de Zapata el problema delictivo está consumiendo a pasos agigantados la paz social y la confianza de la gente en las autoridades; cada obra o acción gubernamental queda debajo de un problema que roba cámaras, que hace olvidar los buenos deseos y consume la popularidad de un hombre que fue idolatrado como jugador profesional de futbol, pero ahora es severamente criticado como autoridad.

Y no faltan motivos para que las cosas sean así: la ola de violencia en el estado se ha desatado de forma tal que ya no solo se puede contabilizar solo en vidas humanas, ni se puede justificar diciendo que se trata “de la lucha entre cárteles” o que “se están matando entre ellos”. La violencia que vivimos los morelenses es brutal, pega a todos los sectores en todas las regiones de la entidad y afecta por igual a personas relacionadas con la delincuencia organizada, que a una niña de seis años que jugaba dentro de su casa.

Pero a la gravedad de los hechos que estamos viendo cada día se añade la indolencia de autoridades que observan la situación como algo natural, que contabilizan las muertes solo para sus estadísticas y asumen que nada pueden hacer ante una situación que está fuera de control.

El problema es mayor, insisto, y ninguna autoridad estatal de los tres poderes del estado parece haberla dimensionado. Todos los políticos hablan del problema, algunos echando culpas y otros evadiendo responsabilidades, pero ninguno dándole la importancia de un panorama trágico que puede hundir todavía más al estado y provocar una crisis política similar a la que se vivió en 1996.

Echar culpas se ha convertido en el deporte predilecto de la nueva clase gobernante: unos echan la culpa al pasado, dicen que se trata de un problema heredado que creció a lo largo de los años y que es imposible resolverlo de la noche a la mañana porque simple y llanamente “hay un chingo de delincuentes”.

Otros echan la culpa al de enfrente, dicen que a él le toca resolver el tema porque constitucionalmente así lo marca la ley y debe hacerlo aún y cuando no tenga ni las herramientas, ni los recursos, ni el personal, ni la experiencia necesaria para lograrlo; “para eso se alquiló y ahora no puede hacerse el desentendido, porque la omisión tiene consecuencias”

Nadie asume realmente su responsabilidad y lo que es peor, a ninguno parece importarle encontrar la salida a este asunto; todos declaran desde su espacio de confort, hablan teóricamente (y de lejos) del asunto, pero nadie hace un planteamiento real que ayude a que las cosas mejoren. La dinámica es simple: declaran a los medios y luego se van a una comida que regularmente termina en borrachera.

Pero mientras la clase gobernante ve el conflicto desde lejos, en las calles, en las colonias, en los municipios y en todo el estado el problema crece, se multiplica y acaba con la paz y con la economía.

Piensa lectora lector queridos ¿Cuántos negocios grandes y pequeños son diariamente extorsionados por la delincuencia? ¿Cuántas personas o empresas tienen que pagar derecho de piso ante la amenaza de los grupos delictivos? ¿Cuántos comercios, clínicas, despachos y centros de negocios o de entretenimiento han bajado sus cortinas porque los propietarios no quisieron pagar la cuota que les imponían los criminales o peor, porque los dueños fueron asesinados tras negarse a ser extorsionados?

Veámoslo de otra manera: más allá de las plazas y centros comerciales, la actividad económica en la entidad está muriendo; los centros nocturnos prácticamente han desaparecido en la capital y en su lugar surgen múltiples “chelerías” que trágicamente se convierten en escenario de agresiones, hechos violentos o ejecuciones.

Las extorsiones representan hoy el mayor problema de seguridad en el estado; son cientos o miles de afectados por esta situación y la gran mayoría de quienes ceden al chantaje no denuncian porque no confían en las autoridades o porque saben que cuando alguien lo ha hecho las represalias suelen ser muy fuertes.

Los ciudadanos de Morelos igual que los de muchas partes del país viven en un estado de indefensión con gobiernos incapaces de brindar la seguridad que por ley están obligados a dar; por todos lados escuchamos a gobernantes (como Claudia Sheinbaum) que afirman que van ganando la batalla, que la situación está controlada, que el problema no ha rebasado al estado y que no se repetirán las graves situaciones que todos los días pasan en las calles. Es retórica vacía, sin contenido y sobre todo, sin soluciones.

Las crisis de inseguridad son recurrentes y su desenlace político es por todos conocido; no hace falta ser adivino para anticipar lo que pasará en breve en Morelos si la situación no cambia, si el panorama no mejora y sobre todo si el gobierno no modifica su estrategia y su actitud.

Los momentos álgidos que han vivido los últimos cuatro gobernadores se están repitiendo en el sexenio actual y las consecuencias van a ser mucho peores que en el pasado, porque legalmente hoy el jefe del ejecutivo tiene responsabilidad directa en el tema y cualquiera con un poco de conocimiento legal sabe que fácilmente se pueden iniciar acciones legales contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco por su responsabilidad directa en el tema de seguridad y por omisiones en el combate a la delincuencia.

Insisto: la violencia empieza a generar una nueva crisis que no está siendo observada por las autoridades estatales y no está bien dimensionada por ningún miembro de la clase gobernante. Todos hablan del tema, aceptan que el problema es grande, pero no entienden que este asunto puede crecer más hasta volverse insostenible.

Al gobierno estatal le urge replantear su estrategia de seguridad, tiene que sumar a los alcaldes e involucrarlos en la búsqueda de una solución, pero sobre todo tienen que comenzar a hacer política para que su trabajo, sus acciones y las decisiones que tomen no se conviertan (como sucede actualmente) en un elemento más de crítica al jefe del ejecutivo.

El problema es mayor, es social, es político, per sobre todo es de humanidad. La clase política del estado no puede seguir siendo tan indolente ante la tragedia de miles de personas que diariamente sufren algún tipo de agresión, ni puede continuar bajo una línea que habla del problema, pero no hace nada ara resolverlo.

El asesinato de una niña de 6 años dentro de su casa nos ha dejado claro que el problema no es sólo entre criminales y que la violencia ya está tocando a la puerta de las casas. La indiferencia de los políticos claro a los morelenses que no contamos con nuestras autoridades y que a quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante al estado no les importa nada, ni los mueven este tipo de tragedias.

La inseguridad y la violencia volverá a ser el motivo de que la gente salga a las calles y exija de nueva cuenta un cambio en el gobierno.

• posdata

Alguien, no se quien, le vendió al gobernador la idea de concentrar el mando policiaco y asumir con ello toda la responsabilidad del problema de inseguridad en un estado agobiado por la violencia. El Mando Coordinado de Policía es lo mismo que el Mando Único, sólo que ahora les quitan más recursos económicos a los ayuntamientos.

Visto desde la óptica graquista, concentrar el poder policiaco tenía una lógica mercantil: para el tabasqueño el Mando Único no fue una estrategia policiaca, sino un esquema de negocio para robarse miles de millones de pesos del área de seguridad.

Bajo esa premisa a Graco Ramírez no le importó cargar con todos los muertos y dejar a los presidentes municipales sin responsabilidad en el tema, porque lo que quería es manejar el dinero; para tratar de matizar las cosas su gobierno contrató a grandes despachos de manejo de imagen para tratar (sin éxito) de controlar el problema y vender que su plan era perfecto. Nunca lo logró, pero sí se metió cientos de millones de pesos a la bolsa y enriqueció a esas empresas.

Lo que no es comprensible es que Cuauhtémoc Blanco repita ese esquema (a menos que pretenda hacer lo mismo); no es correcto porque como alcalde el futbolista se quejó reiteradamente del MU y acusó en múltiples ocasiones al gobernador de avasallar a los municipios sin dar resultados a la gente.

Quiero suponer que el ex seleccionado nacional no se ha dado cuenta de lo que hay dentro del Mando Coordinado de Policía, que quizá no ha revisado sus reglas de operación ni advertido que es una copia burda del modelo de seguridad que tanto criticó a Graco Ramírez.

Sobre todo porque en este plan quien se echa a la espalda todo el problema de seguridad es el gobernador, quien carga con toda la culpa y la responsabilidad es el gobernador y quien en un momento dado puede enfrentar consecuencias legales (incluyendo la cárcel) es el gobernador. ¿Ya se lo dijeron?

El problema delictivo que está viviendo actualmente nuestro estad es enorme e imposible de resolver solo por una sola autoridad estatal, sobre todo cuando está visto que el gobierno federal no va a ayudar porque ya no considera al de Morelos un gobernador aliado.

Bajo ese escenario Cuauhtémoc Blanco tiene que replantearse las cosas, debe hacer ajustes en el plan y sobre todo cambiar radicalmente de actitud; necesita que los alcaldes asuman su responsabilidad constitucional y que juntos le entren a un problema que está matando a la sociedad y hundiendo a los gobiernos.

Pronto la crisis de seguridad puede volverse irreversible, pronto la paciencia social se acabará y quizá (toquemos madera para que algo peor no suceda) podríamos vivir nuevamente una situación igual o peor a la acontecida hace algunos meses en la capital del estado, cuando asesinaron a dos sindicalistas.

Está más que claro que el plan de seguridad del gobierno (estatal y federal) no ha funcionado, que la situación se vuelve peor cada día y que la paciencia de la gente se está terminando.

Al menos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado algunos buenos golpes encarcelando a ex funcionarios corruptos. En Morelos no hay ni eso.

• nota

Tras la detención de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto por desfalcos e ilícitos cometidos en su administración, empezando por la llamada “Estafa Maestra”, la pregunta es obligada ¿Alcanzará el problema al ex rector Alejandro Vera?

Hace algún tiempo se veía muy difícil que las denuncias federales contra rectores y ex rectores de México avanzaran porque “primero tenían que tocar a la ex secretaria”; pero eso ya sucedió y ahora las cosas pueden cambiar para todos los involucrados.

Las cosas se le pueden complicar mucho al ahora funcionario del gobierno estatal. Sería un golpe muy duro para la administración de Cuauhtémoc Blanco que la justicia federal procediera contra Vera Jiménez siendo este parte de su equipo de gobierno.

Por cierto, en el gobierno también colaboran dos ex funcionarios de la SCT que fueron inhabilitados por su responsabilidad en el Socavón del Paso Exprés. Obviamente cobran por fuera.

• post it

Aún no hay acuerdos parlamentarios para presidir los órganos de gobierno, aunque hay tres escenarios posibles. Uno es que la Junta Política sea presidida por una diputada del PES y la Mesa Directiva por Morena; aquí se abre el segundo escenario: Javier García quiere esa posición, lo mismo que Alejandra Flores. Lo correcto, lo sano, lo justo, lo ideal, es que en un congreso femenino, ambas posiciones sean ocupadas por damas.

El tercer escenario es que no haya acuerdos y se queden los que están actualmente (Tania Valentina y Alfonso Sotelo); esto sin duda sería lo peor, porque prolongaría el desgaste y descrédito de una institución sobre la que existía mucha esperanza y ya es una decepción.

• redes sociales

La división en el congreso es una extensión del duelo de poder que hay en el gabinete.

Comentarios para una columna optimista:

eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco

Facebook: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx