Serpientes y escaleras - Corrupto, no pendejo

Llevar a Graco Ramírez al banquillo de los acusados es fácil. Castigarlo no.

Corrupto, no pendejo

El congreso inició un proceso legal contra el exgobernador Graco Ramírez; los diputados señalan que el exmandatario ha sido notificado, lo mismo que sus ex titulares de Hacienda, Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna. El juicio político no es nuevo y los elementos que lo sustentan son endebles; la acción legislativa parece un circo para entretener a la gente, porque aunque la denuncia llegue hasta sus últimas consecuencias, la sanción al tabasqueño sería solo la inhabilitación. En una de esas el exgobernador exhibe a sus juzgadores y puede dejar en ridículo al parlamento.

Lo primero que hay que conocer de la demanda son las causas: Omisión en la ministración de recursos en el año 2018 hacia la Fiscalía General del Estado por 120 millones 826 mil y cuatro centavos, así como al Impepac por dos millones 566 mil 670 pesos.

Hay que tomar en cuenta que el proceso legislativo inició con una acción que violenta los derechos del individuo: en el momento en que los notificadores grabaron la notificación y el parlamento difundió las imágenes e hizo público el domicilio particular del acusado, vulneró su integridad. Por supuesto que esta situación no echa abajo el proceso, pero  muestra que estamos frente a un acto publicitario.

El curso que debe seguir la demanda de juicio político está estipulado en la ley de responsabilidades: luego de recibir la denuncia de juicio político el congreso tiene la obligación de turnarla a la comisión de Puntos Constitucionales, donde valorarán dos elementos: que la conducta que se atribuye está calificada en la Ley de Responsabilidades y que la persona enjuiciada sea considerada en la constitución como enjuiciable.

Algunas de las conductas por las que se puede establecer un Juicio Político son la trasgresión sistemática a las garantías individuales y la afectación de programas, actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; el gobernador, los alcaldes y los diputados son sujetos enjuiciables.

La denuncia de juicio político se puede presentar durante el ejercicio del encargo y hasta un año después de haberse separado del empleo; en este caso específico la demanda tuvo que haberse presentado a más tardar el 30 de septiembre el año 2019 para que entrara en tiempo, fuera válida y procediera. Esto es lo primero que debe revisar el Congreso del Estado para declarar la procedencia. Después de ser notificado, Graco Ramírez tiene 15 días para contestar o se le tomará en rebeldía; por estrategia legal y conveniencia política, seguramente contestará.

Si el juicio procediera en todas sus etapas dentro del Congreso y el Poder Judicial, la pena máxima aplicable al exgobernador sería una inhabilitación hasta por 12 años para ejercer empleo, cargo o comisión en Morelos; si se encontrara detrimento patrimonial, procedería el resarcimiento económico. Los magistrados del Poder Judicial de Morelos poseen la facultad de absolución o de condena; el Congreso determina si existen elementos, pero el tribunal tiene la palabra final.

Con poco más de 70 años de edad, mermado de su salud, repudiado públicamente, sin cobijo de ningún partido y distanciado de las figuras de poder nacional, pero con la vida económicamente resuelta, es difícil pensar que Graco Ramírez tenga alguna aspiración de seguir en la vida pública local.

Pero veamos más allá del proceso y sus etapas, porque lo de fondo en esta historia es político y lo que puede resultar de esta denuncia tiene más connotaciones de las que están previstas en la ley; explico:

La 54 legislatura de Morelos no se ha caracterizado por su habilidad política, ni por su buen manejo de la ley; aunado a ello desde el principio y hasta ahora los integrantes del parlamento local se han distinguido por sus conflictos internos, por hacer públicas sus diferencias y por no alcanzar acuerdos de ningún tipo.

En este caso no se enfrentan a un sujeto cualquiera, sino a un político experimentado, bien relacionado y con mucho dinero. Fue curioso escuchar al diputado José Casas exponiendo el tema y amagando al acusado; curioso porque aunque protagónico, el diputado Casas es un político chiquito, con muchas limitaciones profesionales que en un debate con el exgobernador quedaría muy mal parado.

Y no se trata de defender a un pillo de siete suelas como Graco Ramírez, sino de tener claridad de que el duelo no es entre personajes del mismo nivel intelectual. El tabasqueño tiene una amplia carrera parlamentaria, en varias ocasiones ha formado parte de las dos cámaras federales y a lo largo de su vida se ha codeado con políticos de talla nacional. José Casas es un personaje cuya participación en el servicio público no ha pasado del ámbito municipal.

Continuemos: la denuncia de juicio político en contra del exgobernador de Morelos está soportada en la omisión en la entrega de recursos a dos instituciones locales: la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelensen de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. El hecho sí está considerado en la ley, el punto es que Graco Ramírez no es el único que cayó en esa falta; durante la actual administración se ha cometido la misma omisión. ¿Lo saben los diputados?

El juicio político, como su nombre lo indica, tiene una alta dósis política y permite a quienes intervienen en él (acusadores y acusados) entablar un debate público que atrae reflectores, genera información y provoca un desgaste en la percepción de quien pierde la batalla. Más allá del sustento jurídico, este acto puede convertirse en un circo en donde la fiera terminaría doblegando a sus domadores.

Analiza, lectora lector queridos, el perfil, conducta y experiencia de cada uno de los 20 integrantes de la 54 legislatura y notarás que estamos frente a un congreso inexperto en donde la diputada más habilidosa (¡Imagínense!) es Tania Valentina y es sabido públicamente que la petista es totalmente graquista. ¿Quién de los 20 legisladores será el primero que se animará a debatir con Graco Ramírez?

Ahora que el juicio político ha iniciado y el acusado fue notificado, lo que sigue es la continuación de un caso que seguramente dejará al descubierto las deficiencias que hay en el congreso local y dará oportunidad al tabasqueño de tomar los micrófonos para despotricar en contra de los poderes legislativo y ejecutivo.

En esta historia Graco Ramírez no tiene nada que perder ni política ni personalmente, sabe que enfrenta a un enemigo limitado y que el foro que le darán le puede ayudar a hablar de los errores cometidos en la actualidad. Más aún: desde la máxima tribuna estatal el tabasqueño recordará a todos que hasta el momento no le han podido comprobar ninguna acusación, que sus cuentas públicas están avaladas por las dependencias federales y que tampoco ninguna de las demandas interpuestas en su contra o en contra de sus colaboradores ha avanzado más allá del primer paso.

Existen muchos caminos para alcanzar a Graco Ramírez y sus colaboradores: ahí está el manejo discresional de los recursos desde la secretaría de obras, los fondos para la reconstrucción, los malos manejos en el DIF, las acciones irregulares de los fideicomisos, el enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios de su gobierno, las compras de la Secretaría de Salud, la construcción y equipamiento del C5 y las compras relacionadas con la seguridad, las obras de mala calidad y construidas a sobreprecio, las despensas que entregaba el DIF y las que se robaron de los damnificados, el manejo del dinero de la Beca Salario, el programa de uniformes gratuitos, las concesiones del transporte, los millones de pesos enviados a la Secretaría de Cultura, los conciertos, las transacciones irregulares en la secretaría de Hacienda, los verificentros, las obras fantasma de la Secretaría de Desarrollo Sustentable… Pero en ninguno de estos casos las autoridades han hecho nada.

Parece que tanto los diputados (algunos) como las autoridades del ejecutivo quieren castigar la corrupción, pero no saben hacerlo porque hasta ahora no han podido integrar una sola denuncia sólida. Procesar a un ladronazo como Graco Ramírez a no es fácil, pero someterlo a juicio político por una omisión en lugar investigar y acreditar los desvíos cometidos durante su gobierno es una burla.

El congreso local no está tomando en serio el juicio político, ni anticipa la forma como el exgobernador les puede contestar la demanda. Peor: no se dan cuenta que con un solo movimiento el tabasqueño los colocará contra la pared, porque las acciones irregulares que le imputan también se han cometido en la actualidad.

¿Ya vieron eso?

• posdata

Imaginen que en un futuro no muy lejano alguien, quien sea, presenta otra demanda de juicio político ante el congreso local por las mismas omisiones de las que se acusa a Graco Ramírez. Digamos que ese alguien copia la misma denuncia que ya se ingresó a la 54 legislatura y que únicamente le cambia las fechas, los montos y los nombres.

Si eso llegara a ocurrir sería interesante ver la reacción del congreso, pues tratándose del mismo hecho, solo en diferente tiempo, pero bajo la misma ley y circunstancias, al parlamento no le quedaría otra que darle trámite y resolver de la misma forma, pues sería absurdo juzgar diferente el mismo delito.

Ojo: la sola retención de una partida presupuestal no implica desvío de recursos, los acusadores tienen que demostrar que el dinero que no se entregó fue destinado a un fin distinto, porque legalmente la falta de entrega oportuna no equivale a una falta en la responsabilidad.

Aunque son mayoría y suponiendo que ahora sí se ponen de acuerdo en el congreso, la batalla de los diputados contra el exgobernador no es sencilla, porque la palabra final la tiene el Poder Judicial y ahí Graco Ramírez tiene a sus mejores aliados, empezando por el magistrado presidente Rubén Jasso.

• nota

Alejandro Vera Jiménez, no ve la suya desde que dejó la Universidad de Morelos; de acuerdo a un resolutivo judicial deberá resarcir el daño patrimonial causado a dicha casa de estudios, tasado en 22 millones 462 mil pesos.

Se trata del fallo que a mitad de semana emitió la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde con 10 votos a favor y 1 en contra se determinó que el ex rector es responsable del desvío de recursos por más de 697 millones de pesos de la llamada Estafa Maestra.

Triste y muy grave situación enfrenta Alejandro Vera. El responsable directo de operar (y firmar) en la UAEM los recursos de ese programa desde la Dirección de Proyectos Especiales, que no se nos olvide, fue Wistano Orozco.

Por cierto… ¿recuerdan quién fue el que recomendó a Alejandro Vera que contratara a Wistano Orozco?

• post it

Un dato más hay que observar en el juicio político contra Graco Ramírez: independientemente de que se trata de un circo, el proceso durará en promedio 4 meses, tomando en cuenta la contestación, el término de prueba y los alegatos; después en el tribunal se puede tardar dos meses más, por lo que el resultado podría conocerse en la víspera de que arranquen las campañas.

Si el objetivo del juicio es electoral y los operadores del tema son hábiles y logran condenar al exgobernador, el fallo debe ser antes de que se instalen las urnas. Pero si el sentido es en contra, es decir, si Graco Ramírez es absuelto, lo conveniente es postergar el resolutivo hasta después de las votaciones.

Luego de dos años finalmente van a llevar a juicio al tabasqueño. Sí pierden la batalla contra él, el ridículo será inolvidable.

• redes sociales

Varios alcaldes están a punto de la destitución derivado de la crisis económica.

Como dice la canción: Piden pan y no les dan.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco

Facebook: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx