Negligente, la fiscal de feminicidios: CIDH
El organismo independiente de derechos humanos cuantifica 44 casos (al mes de julio)
Juan Lagunas 
Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, expresó que los "asesinatos violentos" contra las mujeres siguen al alza. Acusó de "negligencia" en el actuar de las autoridades del ramo (entre éstas, Fabiola García Betanzos, fiscal especial para la investigación de este tipo de delitos).
Asimismo, expuso que, al mes de julio, cuantifican 44 feminicidios, y no 25, como lo afirmó, recién, aquella funcionaria. En ese sentido, resaltó que la actitud de los funcionarios responsables, en suma, es “deficiente”; esto, a cinco años de “haberse decretado la Alerta de Violencia de Género” en la entidad; sobremanera, en los siguientes municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y Temixco.
De igual forma, externó que estos crímenes continúan en ascenso: “desafortunadamente, en este mes hemos documento una gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas”; empero, el “gobierno sigue declarando que está atendiendo… Sigue diciendo que la lista de feminicidios en la fiscalía es menor…”.
Además, agregó que, ante ese escenario (“dicen que van a la baja”), la realidad “rebasa toda cifra o todo dato que dé el gobierno de la entidad”. Por ejemplo, “vemos que la justicia sigue estando ausente de las mujeres”, al observar que “las acciones mandatadas desde el ámbito federal siguen sin atenderse, sin aplicarse…”.
Añadió que “lo peor de todo” es que el “gobierno sigue declarando que está atendiendo”; por tanto, concluyó que el “panorama es muy difícil”, porque, desde la esfera nacional, no se encara este tema: “no está queriendo reconocer la violencia feminicida”.
Con base en un informe del organismo, que se encuentra a disposición en su página de internet, se lee que “autoridades de rangos distintos demeritan los homicidios de mujeres al comparar su número menor al de hombres; los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento. Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos y, su erradicación, no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad”.
