Marginan a Consejo de Participación Ciudadana

Marginan a Consejo de Participación Ciudadana

El Poder Ejecutivo no ha entregado recursos al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para su operación, reconocieron sus integrantes, quienes no han podido “trabajar”.

Asimismo, expusieron que no tienen una sede y los conflictos internos se han “agudizado”, porque el titular, Roberto Coranguez Esquivel, “no ha dado la cara”. El viernes pasado, éste convocó a una conferencia de prensa, en el centro de Cuernavaca; la suspendió; luego, la reiteró para este lunes y, de súbito, la volvió a postergar.

En torno a eso, diputados del Partido del Trabajo mencionaron que es “lamentable” que los integrantes de ese organismo “no han recibido un centavo, como correspondía a la obligación del Poder Ejecutivo”. Asimismo, dentro del foro: Sistema de Fiscalización y Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalaron que, desde el pasado mes de mayo -es decir, hace más de 120 días-, “pidieron” al gobernador del estado que dotará de los recursos presupuestales al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; hasta la fecha, empero: “ni sillas tienen para sentarse (sic); todo ha sido una simulación…”.

No han vislumbrado muestras con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Cabe decir que esa instancia tomó la protesta de ley el pasado, a principios de mayo de este año, a: Roberto Coranguez Esquivel, presidente; Eva Penélope Picazo Hernandez, Edgar López Betanzos, María Juana Damián Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.

Picazo Hernández externó que deben imperar los procesos de democratización en las entrañas del organismo. No obstante, van a “esperar”.

Retornando al foro, la legisladora Keila Celene Figueroa Evaristo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, denunció que, anteriores regímenes situaron a Morelos como uno de “los estados más corruptos del país”. Recalcó que hoy, la fiscalización es una actividad “indispensable”.

“El régimen de excepciones”, que fue operado en “pasadas administraciones, propició acciones u omisiones de quienes se encargaron de posicionar, a nuestra entidad, como una de las más corruptas e impunes del país”.