Magistrados, inmersos en rezago y corrupción
El número de trabajadores imposibilita la actualización de las tareas: Antonio Sorela
El Poder Judicial no ha logrado ¨organizarse¨, lo que ha propiciado el aplazamiento de expedientes
Juan Lagunas 
Antonio Sorela Castillo, integrante del Colegio de Abogados de Morelos, ponderó que es “complicado” enmendar la crisis y el rezago que han suscitado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde, además, subyace la “corrupción”.
Ante el cuestionamiento: “¿es posible subsanarlo?”, contestó que el número de trabajadores imposibilita la actualización de las tareas; empero, “si el TSJ se pone las pilas, si buscan la forma… Todavía pueden avanzar”. Expuso que la pandemia produjo el aplazamiento de distintos expedientes.
Asimismo, externó que “es importante que se fijen metas”. Pero: “desgraciadamente, no han podido organizarse de una manera eficaz, para cumplir con la exigencia de la ciudadanía”.
El jurista, en entrevista exclusiva, insistió en las complicaciones que imperan en el Poder Judicial: “… ellos también quieren representar el ser víctimas de este virus”, mas es necesario “avanzar y cumplir” con las demandas de los sectores sociales.
De igual forma, externó que los empleados de esa dependencia deben organizarse y, con base en ello, podría ser “posible abatir el rezago”, tanto en el “tribunal como en la fiscalía (general del estado)”. Deberían de hacer uso de los “medios electrónicos”, como sí lo han ejecutado otras instancias en estos momentos de la emergencia.
Además, agregó que la tecnología es un utensilio indispensable (que no ha sido usada por los magistrados); por ende, éstos tienen que ser “más internacionales. Podemos voltear a ver a países donde el rezago ha disminuido; especialmente, han aprovechado la pandemia para avanzar desde herramientas de trabajo, sin que tengan que atender directamente a los ciudadanos”.
Sorela Castillo adujo que existe un deterioro en esta instancia: “es cierto que en las instituciones sigue existiendo la corrupción. Hay un ideal para que desaparezca”; no obstante, “hay mucha desconfianza por parte del justiciable… Aún no cree y no confía en las instituciones…”. Por lo tanto, “se necesita hacer una armonización para creer”.
Consideró como viable que las autoridades del ramo “reflexionen” en torno a lo que “hace falta” y, a partir de entonces, se cumpla “cabalmente” con las “obligaciones dispuestas por la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos)”; es decir, “no basta con promover los derechos humanos, hay que garantizarlos”.
