La ESAF, en tela de juicio; habría usurpación de cargo
De esa forma lo considera la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso
Juan Lagunas 
La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso consideró que “sería muy grave que se estuvieran cometiendo actos ilegales” dentro de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), los que habrían motivado el cateo (reciente ejecutado por la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción).
Lo anterior, porque “volvería a poner al Congreso en un estado muy lamentable de irresponsabilidad, si se determinara que América (López Rodríguez) está usurpando funciones y no cuenta con la legalidad para ocupar el cargo”.
El órgano precisó que dicha acción “contó con la orden de un juez”; existen “leyes precisas”; empero, desconocen, “a ciencia cierta”, “cuál es la posición de la auditora (encargada de despacho), que la condujo a emitir una denuncia en contra de la Fiscalía.
Asimismo, dijeron que lo descrito “lastimaría” el devenir de la 54 Legislatura, “puesto que sería un acto de irresponsabilidad de todos los que estamos en este Congreso”.
De igual forma, adujeron que, desde que este parlamento comenzó a operar (en septiembre de 2018), se denunció que ningún fiscal poseía los “exámenes de control”, que son indispensables para los funcionarios de este nivel: “pero, de nada sirve estar denunciando… Tenemos un Congreso rebasado, donde no se juntan 14 votos…”.
Y concluyeron: “mientras no exista voluntad (que se traduzca en un consenso general) en tomar cartas en el asunto, el estado va a la deriva. Cada quién tiene su coto de poder… Su influencia”.
Amparo pro-encargada
De modo extraoficial, se sabe que la encargada de ese organismo obtuvo un amparo: suspensión por parte de la justicia federal, para no acudir a la orden de presentación girada en su contra.
Bajo el expediente: 865/2020, se impide que la servidora pública asista a la audiencia derivada de la denuncia: FECC/356/2020 (interpuesta por el órgano de control de la Fiscalía Anticorrupción).
Cabe destacar que López Rodríguez enfrenta acusaciones por usurpar funciones, debido a que la Ley no reconoce la figura de “encargado de despacho” en el ente auditor. El nombramiento se lo dieron los diputados de la actual legislatura (el pasado octubre del 2019).
