Ética para legisladores

“Hay que tener cuidado, porque la única sede del ejercicio del poder es un pueblo. La soberanía tiene al pueblo como sujeto actor y no al Estado. El Estado es un aparato obedencial del pueblo y representante del pueblo, elegido por él(...)

Enrique Dussel

Actualmente México y el estado de Morelos, enfrentan una de sus etapas más críticas en la pandemia de Covid 19, y uno esperaría que la evidencia de la vulnerabilidad de nuestras vidas hubiera influido en la transformación de las malas prácticas y de las “formas de hacer” política que han posicionado a la clase dirigente como la campeona del desprestigio ante la ciudadanía.

Mucho de esa reputación se ha ganado a pulso. Y digo esto, porque hace unos días un sector de la clase política de la entidad, nos reafirmó las razones por las que tiene una reputación tan lastimada entre la ciudadanía al romper, su ya larga, cuarentena y aparecer en el recinto legislativo a sesionar por consigna y en medio de una innegable falta de oficio político.

La semana pasada, en medio de los incrementos de fallecimientos por coronavirus, del incremento de los trabajadores de la salud enfermos y hasta fallecidos, de los problemas económicos que tienen los gobiernos para hacer frente a la epidemia, frente a la angustia y la incertidumbre que enfrentan miles de familias para llevar el sustento a casa, de la casi paralización de nuestra economía, los integrantes de la Legislatura del estado nos mostraron una vez más, a quién se deben.

La mayoría de los integrantes de la Legislatura del estado aprobó una reforma electoral, que entre otras “virtudes”, se le ha cuestionado, que serviría como salvavidas al Partido Encuentro Social, que es el partido del titular del Ejecutivo, al modificar la normativa en la materia de manera, que fuesen posible “frentes, coaliciones y candidaturas comunes, fusiones e incorporaciones con otros partidos políticos nacionales o locales(...)

También con el discurso de la inclusión, la reforma contempló el incremento de cuatro diputaciones locales más a través de una redistritación que incluyera a los nuevos municipios indígenas, así como la paridad de género en los cabildos e incrementar el porcentaje que permitiera el registro de los partidos políticos sin que eso significara, el incremento de los presupuestos.

No acaso es esta Legislatura una que cuenta con mucho, con una amplía mayoría de mujeres,  y preguntó ¿podremos acaso contar con los dedos de las manos qué políticas públicas a favor de la igualdad de género se han impulsado? ¿no fue acaso, la propuesta para una reforma contra la violencia política hacia las mujeres, una moneda de cambio?.

Esto convierte una iniciativa que pudiera ser loable, en un simple pretexto para arreglarle la plana a algunos actores políticos que de otra forma no tendrían futuro y exhibe el talante ético de los representantes populares.

Existen algunos gremios, de abogados principalmente, que discuten sobre la necesidad de que los legisladores sean personas con cierto nivel de instrucción formal de educación, cosa que desde mi perspectiva rompería con el principio de representación popular que es el espíritu que salvaguarda la esencia de la conformación de ese poder, más bien creo que lo que se necesita es un manual de ética para los legisladores.

Mucho más importante es la selección adecuada, desde los partidos políticos, de los perfiles que llegarán a las legislaturas y que una vez allí se establezcan mecanismos para su profesionalización, que fue el principio que alentó la reforma que incluyó la reelección de los diputados y presidentes municipales. Solo que para trabajar en su profesionalización los diputados necesitan un poco de humildad.

Esta situación es desafortunada no por la reforma en sí, sino por lo que ha exhibido y que se ha publicado en medios de comunicación y en redes sociales, en el sentido de que la reforma tenía dedicatoria con la clara intención de favorecer a personas concretas  de la administración pública, muestra una vez más el divorcio entre los poderes del estado y la orfandad política en la que vive la ciudadanía.

De entre todo esto, los que al parecer si hicieron lo que les toca fueron los miembros de 19 cabildos que rechazaron aprobar la reforma electoral que se cocinó en el poder legislativo, en una acción que muchos han calificado como una venganza, por anteriores agravios del Congreso a sus presidencias municipales, como el fracaso de estos en las negociaciones para aprobar el presupuesto 2020 a cuya cabeza estuvo la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda.

Sería bueno que esta expresión de independencia de los cabildos sea en adelante una constante en el desempeño de las funciones y no solo una revancha política como ya se ha expresado en diversos foros, pues a fin de cuentas, esa es el principio que rige al constituyente permanente, ser contrapeso de los excesos del poder de los otros niveles de gobierno. Esa no es una mala noticia.