Escala de Grises - La ciudad más segura de México

El pasado 21 de julio, José Eduardo fue detenido por un grupo de policías municipales en el centro de Mérida. El originario de Veracruz, a pesar de encontrarse en el lugar de los hechos para presentarse a una entrevista laboral, fue apresado por los elementos de seguridad, quienes solo se basaron en decir que el joven “parecía sospechoso”. A partir de ese día no se tuvo más información de José Eduardo hasta 24 horas después.

De acuerdo con María Ravelo, su madre, el joven se puso en contacto con ella para decirle que había sido brutalmente golpeado y abusado sexualmente por los agentes en varias ocasiones. Ante la situación, María Ravelo Echeverría no dudó en trasladarse de Veracruz a Yucatán. Una vez en Mérida, viendo el estado de salud de su hijo, la señora decidió llevarlo al hospital.

Una vez en el nosocomio Agustín O’Horán, las personas encargadas de la recepción de pacientes le negaron la atención, además de cuestionarlo respecto a su orientación sexual, información que debería ser irrelevante cuando el paciente se encuentra apenas respirando. Ante la nula atención sanitaria que requerían en ese momento, José Eduardo y su madre decidieron trasladarse a la Fiscalía General de Yucatán.

De acuerdo con lo narrado por diarios locales, el objetivo de María Ravelo era interponer una denuncia por tortura y violación y otra más por negligencia médica en contra del hospital. Sin embargo, dado el estado de José Eduardo, el médico legista ordenó el traslado del joven al hospital, donde permaneció hasta el 3 de agosto, día en el que falleció por politraumatismo y síndrome de obstrucción orgánica múltiple.

A pesar de los hechos, el gobierno del estado no se hizo presente en ningún momento. Tal era el silencio que Dora María decidió llevar el féretro al palacio de gobierno de Yucatán para exigirle al gobernador justicia para su hijo. No fue hasta el pasado 7 de agosto que Mauricio Vila, gobernador de la entidad, comunicó a través de su cuenta de Twitter que se había arrestado a los policías municipales presuntamente culpables del crimen. “En nuestro estado no hay espacio para la impunidad”, aseguró.

El caso de José Eduardo es uno de los tantos que se registran al año bajo la categoría de “fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas”, registrada pro la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gran parte de ellos, como ocurre con los crímenes en este país, continúa impune.

Aunque Mérida ha sido reconocida como una de las ciudades más seguras para vivir en México, parece que la seguridad no es suficiente. Un joven de 23 años acudió a una entrevista laboral, pero un grupo de hombres (cuyo trabajo consistía en proteger a las personas de la zona) decidió aprehenderlo para arrebatarle mucho más que la libertad.

El asesinato de José Eduardo se suma a los casos de Victoria Salazar, la mujer venezolana que fue asesinada por un grupo de policías en Tulum, en marzo; el de Beatriz Hernández, la doctora arrestada y asesinada por la policía de Hidalgo en junio y el de todas aquellas personas que no se han posicionado como parte de la agenda nacional por diferentes razones.

Las preguntas aquí abundan, como siempre. ¿Qué pudo pasar si José Eduardo hubiera recibido atención inmediata por parte del personal médico? ¿Qué hubiera pasado si el médico legista no hubiera ordenado su traslado inmediato al hospital? ¿Cuánto tiempo pasó para que José Eduardo y fuera atendido por las autoridades de la fiscalía?

¿La respuesta de las autoridades habría sido la misma si María Ravelo no se hubiera presentado con el cuerpo de su hijo afuera del palacio de gobierno? ¿Qué pasa con las familias de todas aquellas persona que no pueden transformar su dolor en rabia para exigirles a las autoridades una respuesta inmediata?  ¿Por qué la madre de José Eduardo tuvo que recurrir a esa acción para ser escuchada por el gobierno del estado?

Aquí, aunque podría parecer que es un problema concreto, que no nos incluye, la realidad es completamente diferente. La tortura y asesinato de José Eduardo, de Victoria, de Beatriz y de todas aquellas víctimas de la policía o elementos de seguridad y del ejército es un problema que nos concierne, que nos involucra sin importar el estado o la ciudad del país nos encontremos.

La violencia y brutalidad policíaca es un problema estructural, sistémico. El hecho de que estos abusos estén visibilizándose es importante, claro; pero eso no le resta gravedad a una situación que es más común de lo que podríamos imaginarnos y que, a su vez, está atravesada por problemas sociales como la corrupción, la negligencia, las fracturas en el sistema de justicia, el narcotráfico, la delincuencia, la represión, la impunidad.

¿Por qué nos involucra? Porque los “cuerpos de seguridad” sirven de muy poco cuando también hay que defendernos de ellos, cuando forman parte de un problema que se ha normalizado de tanto repetirse y de tanto quedarse archivado en las carpetas de las fiscalías o los ministerios públicos. De muy poco sirve una inversión de miles de millones de pesos para consolidar la Guardia Nacional o la Policía Federal o el Ejército si seguirán incumpliendo con su labor.

José Eduardo fue asesinado por elementos de la policía de Mérida, reconocida durante los últimos años como una ciudad segura por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, el título de “la ciudad más segura de México” no puede otorgársele a ninguna entidad por el momento, porque no se trata de elegir “la menos mala”.

No se trata de elegir aquella en la que se cometan “menos delitos” o “menos asesinatos”. Por imposible que parezca, la ciudad más segura será aquella en la que todas las personas puedan regresar a sus casas sin tener que voltear por encima de su hombro cada ciertos pasos, eso es lo que parece no quedar claro. La ciudad más segura será aquella en la que todas las personas, sin importar cómo se vean o de qué estado provengan, estén a salvo.

Y todes merecemos vivir ahí:

arendy.avalos@gmail.com

@Arendy_Avalos