El derecho de acceso a la información en la impartición de justicia

Las actuales tendencias sobre el acceso a la información pública han venido a formar nuevos pensamientos sobre lo público y lo privado; los ciudadanos hoy en día cuentan con mayores herramientas que les permiten enterarse de manera directa cómo y de qué forma, realizan los encargados del poder sus actividades.

En lo que concierne a los órganos jurisdiccionales, resulta todavía complicado establecer qué debemos entender sobre información pública e información reservada; es por ello que en la presente ponencia buscaremos originar comentarios sobre las repercusiones positivas o negativas que pudieran resultar del acceso a la información jurisdiccional por cualquier persona.

El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en parte de la agenda de la reforma del Estado en varias partes de América Latina; por lo que respecta a México se encuentra como un tema de importancia capital en lo que concierne al concepto de derecho a la información lato sensu. Baste tan sólo decir que es la única vertiente del derecho a la información que ha podido legislarse en el país tras la adición del último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que expresa “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

La prescripción establecida en el párrafo que antecede, comprende el derecho público subjetivo de toda persona que tiene a obtener información, informar y ser informada, en armonía con otras garantías individuales, entre ellas los derechos humanos, y engloba tanto la libertad de pensamiento, expresión e imprenta, como otras de carácter social, como el derecho de los lectores, escuchas y espectadores a recibir información objetiva y oportuna, así como el acceso a la documentación pública.

Consecuencia de la demanda social, en los últimos años, el acceso a la información pública ha representado para varios sectores de la población una herramienta muy útil, toda vez que les permite conocer las formas y los medios por los cuales las autoridades llevan a cabo la toma de decisiones que afectan sus intereses y esferas jurídicas.

El acceso a la información, puede ser concebido como el compromiso que establece la organización  gubernamental con la finalidad de dar a conocer a la población en general la información existente y que sea concerniente a un  asunto público.

Ahora bien, con lo expuesto en el párrafo precedente, podemos hablar de transparencia y acceso a la información como un derecho democrático que representa una garantía para los ciudadanos de cualquier Estado; pero ahora bien, debemos tener presente que el ejercicio de este derecho, representa dificultades para la práctica, esto debido, a que como lo menciona Giandomenico Majone las burocracias no son transparentes[1], aunado a lo anterior  en un sistema como el mexicano representa mayor dificultad.

Por lo anterior podemos afirmar que la importancia y reconocimiento social que ha alcanzado el tema de transparencia de la actuación pública parece responder a una demanda de la sociedad por conocer como toman decisiones quienes tiene encomendadas las tereas públicas; toda vez que el acceso a la información pública contribuye a transparentar la gestión pública por medio de las instituciones gubernamentales; logrando además, favorecer el crecimiento económico y las relaciones de confianza entre gobierno y gobernados.

En lo que respecta a la vida democrática de un país, las leyes que permiten el acceso a la información parecen atraer importantes beneficios políticos en concreto, toda vez que son consideradas un paso decisivo en la democracia participativa, esto debido a que: favorecen la rendición de cuentas de un gobierno, promueven el mantenimiento y sistematización de archivos públicos haciendo más eficiente la administración pública, así como la toma de decisiones oportuna. Al estar disponibles datos económicos contenidos en oficinas públicas, el acceso a la información contribuye a fomentar una cultura de apertura y transparencia donde se fortalece un ambiente de confianza para las decisiones económicas, políticas y sociales, manteniendo flujos constantes de comunicación entre los actores involucrados.