Diputados se «enganchan» a vehículos último modelo
La legisladora Maricela Jiménez Armendáriz confirmó que el acuerdo para la adquisición aún persiste
Insiste en que son para uso “institucional”; justificó que será para los quehaceres de carácter legislativo
Juan Lagunas 
Los diputados de la 54 Legislatura insisten en adquirir 23 autos nuevos, para uso “institucional” –por encima de la austeridad-. La legisladora Maricela Jiménez Armendáriz confirmó que el acuerdo aún persiste.
Asimismo, comentó que cada una de las unidades tendrá que ser repartida hacia las diferentes áreas que conforman el Congreso local. Justificó que será para los quehaceres de carácter legislativo.
De igual forma, ponderó que “todos los trabajos de mi Comisión de Planeación para el Desarrollo Social, Zonas Conurbadas y agenda 20-30” y más, se hicieron con recursos propios. Además, indicó que se alquiló una camioneta para “subir sillas y mobiliario”. “Porque ni eso tiene el Congreso”.
Justificó que lo que informó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo (que, como es del conocimiento de la opinión pública, propició el rechazo de varios grupos sociales) está en vigencia.
Caso Temixco: se
violaron derechos
Si el fiscal General del Estado “sigue en complicidad con Graco Ramírez”, exmandatario del estado, podría obstaculizar la investigación en el caso de los hechos violentos del municipio de Temixco.
Lo antes expuesto fue considerado por el parlamentario Marcos Zapotitla Becerro, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien, en torno a eso, externó que se “violaron los derechos humanos”. Uriel Carmona Gándara es quien debe integrar “debidamente” la carpeta, para que se “pueda proceder a lo conducente”.
Agregó que este funcionario debe cumplir con sus “obligaciones y responsabilidades” y, en el “menor tiempo posible”, generar la información conveniente. Sobre todo, poner a disposición del juez las acusaciones necesarias, a fin de que éste pueda “sancionar a los que generaron estos hechos; estos delitos”.
Afirmó que es indispensable que “se castigue; que no haya omisión”. Precisó que se tienen que generar las “órdenes respectivas”, para que “puedan responder ante esas acusaciones”. El alcance que tiene la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “tiene que ver con que se genere la sanción respectiva”, lo que generaría responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Es preciso recordar que, entonces, los agentes de la Policía Estatal cometieron “violaciones graves”, como se estipula en la recomendación, durante los operativos realizados en la madrugada del 30 de noviembre del 2017, que culminó en la ejecución de seis personas, cuando aquéllos irrumpieron en la calle “Francisco I. Madero”, en la colonia “Rubén Jaramillo” (tras recibir una denuncia ciudadana, por presunto secuestro).
