Baja California
En opinión de Javier Bolaños
Javier Bolaños Aguilar 
El pasado 2 de junio se llevaron a cabo elecciones estatales en Baja California para elegir gobernador, 5 ayuntamientos y 25 diputados locales; para este proceso se estableció que el periodo de gestión de los cargos sería de 2 años, y en el caso del cargo de gobernador este no sería reelegible en ningún caso.
Morena en coalición con otros partidos arrasó en esa elección, y resultó electo Jaime Bonilla Valdéz, a quien le fue entregada la constancia de mayoría estableciendo el periodo para el que fue electo, que concluye en el 2021.
Aunque fue contundente la victoria, hay que señalar que será el gobernador con la votación más baja en la historia de Baja California, con apenas el 13.9% de la votación (391,101 votos de más de 2 millones posibles).
Hasta ahí todo bien en términos de la ley, reglas y normas que se observaron en la elección; sin embargo, el 8 de Julio el congreso local emitió una reforma que modifica el periodo del próximo gobernador, de 2 a 5 años, modificación avalada por la mayoría de los diputados (de diferentes partidos) de esa legislatura (los diputados panistas fueron expulsados de su partido).
Y es aquí donde se viene gestando un proceso que encierra muy graves consecuencias para la vida pública no solo de Baja California, sino de todo el país. Los diputados violentaron las leyes vigentes, que claramente señalan que cualquier modificación en los términos de la contienda electoral debe ser emitida al menos tres meses antes de que inicie el proceso, y siguen acompañando la intención de burlar la ley y la voluntad ciudadana ahora planteando una consulta ciudadana, cuando la propia constitución local prohíbe este ejercicio para temas electorales.
Aún más, el presidente del congreso del estado, diputado Catalino Zavala Márquez de morena, ha declarado que no tiene los documentos de la llamada ley Bonilla por lo que no tiene fecha para enviarla al ejecutivo para su publicación.
Aduce primero que no han abierto las cajas que contienen los documentos de la entrega recepción de la pasada legislatura, y después que esperará a que se instalen las comisiones y los órganos técnicos pero no hay fecha para ello.
Parece ser que buscan esperar hasta el último momento previo a la toma de protesta del hoy gobernador electo para publicarla y así burlar también a las instancias que deben conocer y avalar o rechazar ese decreto.
Son muchas las organizaciones sociales, institutos políticos y actores sociales que están esperando la publicación para impugnarla, y será si duda la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación quien habrá de resolver este atropello.
Las implicaciones son muchas, tan solo imaginemos que los periodos de cualquier cargo de elección popular (presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República) estén supeditados a la voluntad de los congresos locales o federales.
La actitud de estos diputados locales una vergüenza, y su pretensión una locura.
@jabol2
@jbolanosaguilar
