Avanza la extorsión; operan colombianos
Para contrarrestar delitos se necesitan acciones de difusión, siempre y cuando la ¨víctima¨ lo permita: fiscal
En los últimos seis meses, se ha sometido a una cifra de 51 presuntos delincuentes, informó
Juan Lagunas 
Los cárteles “Jalisco Nueva Generación” y “Los Rojos” se han fraccionado en la entidad; por tanto, se dedican, además del plagio, a la extorsión, advirtió el fiscal general, Uriel Carmona Gándara.
Asimismo, expuso que, para contrarrestar estos embates, se necesitan acciones de difusión, siempre y cuando la “víctima” lo permita. En los últimos seis meses, se ha sometido a una cifra de 51 presuntos delincuentes (algunos, de origen colombiano).
En las bases de datos, cuando existe una denuncia, la dependencia puede saber “si hay riesgo o no”. El número 911 está al servicio de la sociedad. Se han dado casos que las llamadas emergen de un penal. Empero, si no hay acusación, se propicia la “impunidad”, justificó (porque no hay cultura al respecto).
En la zona sur-poniente opera otro grupo criminal; “se tiene identificado”. Por ende, van a reestructurar a mandos de la Policía de Investigación Criminal. Se tiene un registro de “más de 100 procesos penales en el área”; se han hecho detenciones y cateos, donde se han producido “enfrentamientos”.
Ejemplificó que, en el 2019, la fiscalía (asentada en el lugar) aprehendió, hace unos días, al secretario municipal de Amacuzac, por hechos asociados a un atentado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Seguridad. Se trata de una región “olvidada”; de ahí el crecimiento de la espiral bélica.
Sobre las anomalías generadas en los procesos de inhumación en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, Carmona Gándara agregó que fue un “problema que se heredó”. Aceptó que sí hubo acciones ilegales: “sin todos los dictámenes que se deben de cumplir”.
Además, añadió que se han corregido las imputaciones contra los responsables: “estamos resueltos a lograr una sentencia condenatoria contra estos servidores públicos”. No se protege a los “procesados”, acotó.
Tras una serie de trabajos con el Ejecutivo, así como con las víctimas, se propició una agenda: a partir de la segunda quincena de marzo, la fiscalía retomará estos procesos. Intervendrán los entes de derechos humanos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Parte de las tareas comprende las excavaciones: “no sabemos con qué nos vamos a encontrar”. No obstante, se comprometió a entregar los cuerpos inertes a las personas indicadas.
