Primero fue el judicial; de él se dijo que su titular lo manipulaba a su antojo y que impartía justicia a conveniencia . Luego fue el ejecutivo: se le acusó de relacionarse con la delincuencia organizada y de brindar protección a criminales. Hoy es el legislativo, a quien se le atribuyen lazos con el narcotráfico. ¿En quién confiamos ahora? Los tres poderes están bajo sospecha

La revelación de que alguna línea de investigación que siguen las autoridades federales en la persecución del cártel de los Beltrán Leyva incluye a un integrante de la actual legislatura puede detonar crisis paralelas a las que ya hemos visto en las últimas semanas. Oficialmente no se ha revelado si lo que publicaron algunos medios de comunicación es verídico, pero las especulaciones sobre la personalidad del diputado son muchas y se escuchan en diferentes espacios. Las relaciones del jefe de jefes parecen ser más amplias de lo que muchos pensábamos y tienen en el ojo del huracán a dos de los tres poderes del estado.

No es la primera vez (desde que perdió la vida Arturo Beltrán Leyva) que se hace referencia pública a las investigaciones confidenciales que lleva a cabo la federación en Morelos y las líneas que siguen las autoridades en la persecución de ese grupo. Hemos leído, visto y escuchado a través de la prensa que el camino que sigue la marina armada de México no se circunscribe a aquellos personajes que operativamente forman parte de este tipo de organizaciones; de manera especial se están revisando las relaciones políticas, económicas y de poder que habría tejido esta organización en el estado de Morelos.

En este contexto se ha mencionado (extraoficialmente) que el propio gobernador Marco Adame y algunos integrantes de su familia estarían siendo investigados por personal del ejército mexicano y la marina; también se ha señalado (a través de rumores) que las baterías de algunos organismos oficiales de inteligencia estarían haciendo una labor de análisis en torno al titular del ejecutivo. Lo único formal que ha trascendido hasta ahora es la creación de una comisión bicamaral cuya meta oficial es revisar la actuación de las fuerzas federales y esclarecer lo ocurrido en los dos operativos llevados a cabo en la capital del estado.

Una parte nueva en esta historia se difundió en el mes de diciembre, cuando se hizo mención a una línea de investigación  que de manera específica seguía los pasos de un diputado local y algún notario. Al inicio de esta semana se amplió la información y se escribió que el diputado en cuestión habría sostenido una charla con Arturo Beltrán Leyva el día del operativo (quizá durante el enfrentamiento) y se refiere que dicha llamada habría sido para solicitar la intervención del legislador a favor del jefe de jefes. A manera de remate de esta hipótesis se detalla que el representante popular al que hace referencia el periódico no forma parte del PRI y pertenece a uno de los partidos minoritarios. La nota lleva jiribilla.

No es claro hasta ahora si lo que se ha referido a través de la prensa tiene sustento y forma parte de la línea de actuación de las fuerzas federales. A pesar de ello, la sola idea de que uno de los treinta integrantes del parlamento morelense está vinculado de manera directa con uno de los cárteles más peligrosos y perseguidor de México, abrió un debate paralelo al que existía en torno al gobernador Marco Adame. La pregunta es básica

¿Hasta dónde llegaban las relaciones de Arturo Beltrán Leyva en Morelos?

No es claro (nunca lo es) de qué forma actuará la federación en este asunto ni hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno de la república en la persecución de la delincuencia organizada. Hasta ahora todo se resume a rumores y especulaciones, pero esto mismo ha provocado un ambiente de inestabilidad política que se refleja en el actuar de las instituciones y se percibe de manera clara en la opinión pública.

Pongámoslo en un contexto amplio: si se especula que el poder ejecutivo protegía a los Beltrán Leyva y ahora se difunde que en el poder legislativo también existían redes de protección para este cártel del narcotráfico

¿En manos de quién están las instituciones morelenses?

Es importante que la federación aclare estas especulaciones o bien que proceda de manera inmediata contra quienes sepa que están vinculados con el hampa. No es sano para nadie que este tipo de rumores continúe sin una aclaración, porque la multiplicación de estos comentarios puede generar más daño que la propia confirmación de las hipótesis. Dicen los clásicos que una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad.

Al gobernador Marco Adame le han puesto contra la pared como parte de una agenda política nacional, tomando en cuenta elementos intangibles (pero creíbles) locales y especulando sobre temas que fácilmente enlodan a un político; más cuando el desempeño de éste no ha sido pulcro y su actuación en el tema ha dejado que desear. Sin bases legales ni investigaciones policiacas se ha polemizado sobre un tema espinoso y se ha subido la historia al terreno partidista a sabiendas que la capacidad de reacción del personaje es limitada y deficiente.

El caso del diputado es diferente. Sobre el personaje en cuestión se rumoran cosas similares a las del gobernador, pero la afirmación de que tuvo contacto directo con el líder del cártel, sí se confirma, podría llevarlo a un terreno mucho más espinoso y de repercusiones mayúsculas. Nada hay confirmado hasta ahora al respecto, pero sobresale que al arranque del año y en medio de una crisis de seguridad, dos de los tres poderes están bajo sospecha por la misma causa.

Y el tercero, el poder judicial, ya estaba en tela de juicio por la probidad de su actuación.

¿Qué nos queda?

¿La desaparición de poderes?

posdata

Declara el presidente del PAN en Cuernavaca que el viernes pasado el cabildo de Cuernavaca aprobó la cuenta pública municipal con un déficit de 84 millones de pesos. Dicen que la administración de Joaquín Roque González Cerezo concluyó su gestión con un déficit de 4 millones de pesos y que durante los dos meses de gobierno tricolor el déficit se amplió en 80 millones más. Si esto fuese cierto estaríamos ante una situación muy complicada toda vez que se trata de bastante dinero (más de lo que reciben al año varios municipios) y no habría forma de argumentar que se trató de obras o acciones trascendentes. Si fuese el caso, insistimos, estaríamos ante un asunto que puede rebasar la barrera de lo político y colocaría de inmediato en una situación de riesgo legal al presidente municipal, eso sin descartar que implícitamente se pondría en duda la probidad de Manuel Martínez Garrigós y el manto de honestidad que le ha caracterizado. Es obvio que en estos niveles de gobierno no hay excusa que valga ni existe manera de justificar lo injustificable. Cuando se trata de administración pública no es posible hablar de honestidad individual, ni se pueden deslindar responsabilidades públicas cuando ya es tarde. Para ser más claro: si alguien en el gabinete de Manuel se equivocó, se excedió o robó, el golpe será para el presidente y la duda sobre su honestidad quedará sembrada. Reiteramos: Manuel Martínez es un político joven, sano y de buenas intenciones, pero a su alrededor hay gente que le hace mucho daño, que por su actitud le ha metido en problemas institucionales y que por sus mañas lo llevarán a un espacio en donde le relacionarán con actos de corrupción o delincuencia organizada. Dicen que chango viejo no hace maromas nuevas. Quien pecó una vez, pecará siempre… Y en política en el pecado se lleva la penitencia.

nota

Los funcionarios involucrados en la construcción del segundo piso en Plan de Ayala se entrevistaron al inicio de esta semana con el secretario de comunicaciones y transportes. Se trato de un diálogo cordial que según unos, abrió la posibilidad absoluta para que el gobierno desarrolle la obra y solvente los pendientes sin mayores premuras de agenda. Para otros la historia es distinta, el diálogo fue cordial, pero la posición inicial se mantiene: cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de ley. La agenda del secretario Molinar, cuentan los que saben, incluyó dos reuniones con personajes de Morelos: una reunión en su oficina a las 5.30 de la tarde con el alcalde de Cuernavaca y previo una comida con el gobernador. Again: para que el proyecto salga se requiere de mucho trabajo técnico, de una gran habilidad política, de un eficiente trabajo social y de una amplísima dosis de prudencia. Ojalá lo entiendan.

post it

Dice Fidel Demédicis que la publicación periodística que vincula a un integrante del congreso local con el extinto líder del cártel de los Beltrán Leyva es una estrategia de distracción operada por el gobierno a través de un medio de comunicación. Para el coordinador perredista la nota de un periódico no tiene validez ni credibilidad en este caso, pero si la tuvo cuando la referencia se hizo hacia el gobernador o a alguien de su equipo. El golpe que ha recibido el congreso con esa nota es inmenso y resta credibilidad a un organismo que pretende erigirse como garante de la honestidad, la moral y los derechos de los morelenses. Simple: con qué cara pueden acusar los legisladores a otro poder, cuando entre ellos también existe la duda sobre su actuación y sus probables nexos con la delincuencia organizada. Vayamos más allá: en los pocos meses que llevan de gestión, los diputados de la legislatura 51 han causado más penas que glorias y en sus entrañas se han gestado actos de corrupción, robo, abuso de poder, inmoralidad y ahora, por si hiciera falta algo, nexos con la delincuencia. Puede ser que la referencia periodística no tenga la validez jurídica que demanda un expediente legal, pero tiene el mismo peso político que los hombres de poder han dado a otras divulgaciones editoriales. En castellano: si por la referencia de un periódico se llamó al gobernador a cuentas, por la misma referencia se tendría que llamar a un diputado a cuentas. Lo que es un hecho es que el exhorto del congreso al periódico para que revele su fuente de información carece de toda jurídica y de lógica institucional. El secreto profesional del periodista está consagrado en la constitución (lo aprobaron los diputados) y ante ello, así griten, brinquen o pataleen los diputados, no hay forma de obligar a un medio o a un reportero a revelar su fuente. Nuestro congreso, como el ejecutivo, también está bajo sospecha.

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