Responde Marco Adame a solicitud formulada por la Diputación Permanente

Ofrece gobernador únicamente apoyo médico, psicológico y asistencial

Jurídicamente inviable que el gobierno estatal repare el daño a las familias de los dos  civiles que resultaron muertos durante los operativos implementados por  la Marina  en el fraccionamiento “Limoneros” y “Torres Altitude”, ya que esas acciones  no estuvieron a cargo de las autoridades estatales, sino de corporaciones federales.

Lo anterior forma parte de los términos en los que el gobernador, Marco Adame Castillo respondió al exhorto que le realizó la Diputación Permanente el pasado día jueves siete de enero, a fin de que dispusiera de un fondo  emergente para salvaguardar la reparación del daño a las familias afectadas en los operativos citados.

En el documento entregado el mandatario  hace notar que los derechos de carácter patrimonial de las posibles víctimas conforme a las disposiciones constitucionales y legales y criterios emitidos por el máximo tribunal del país, se encuentran expeditos para que los ejerciten y los hagan valer, conforme a las disposiciones que resultan aplicables del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles  y principalmente de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, ante los tribunales federales competentes.

Inclusive el  mandatario hace notar que la PGR cuenta con la Dirección General de Atención a Víctimas  del Delito, dependencia mediante la que proporciona orientación y asesoría a las víctimas  y ofendidos del delito en el orden federal, por lo que el mandatario pone de manifiesto  la disposición de colaboración de la administración que encabeza,  para participar en forma coordinada con la mencionada dependencia federal  en el apoyo y auxilio  médico, psicológico y asistencial de las personas citadas en el exhorto formulado por la Diputación Permanente.

Por  lo que respecta al estado procesal que guardan las investigaciones  referentes al homicidio del ex sub procurador contra la delincuencia organizada, Andés Dimitriadis, que también es motivo del exhorto, el mandatario  detalla que esa indagatoria fue atraída por la PGR, por lo que le corresponde conocer de los procesos a los juzgados y tribunales del poder Judicial de la Federación.

La misma respuesta ofrece el mandatario respecto del proceso judicial a que se encuentran sujetos los ex secretarios de seguridad pública estatal y de Cuernavaca, Luis Ángel Cabeza de Vaca y Francisco Sánchez González.

“Las autoridades del estado de Morelos no son parte en esos procesos y procedimientos, por lo que esta autoridad  se encuentra en la imposibilidad jurídica y material de informar del estado procesal  y procedimental en que en su caso se encuentran”,  señala el mandatario.

Cabe hacer notar que el gobernador respondió al exhorto que le formuló la Diputación Permanente, 24 horas antes de que venciera el plazo que le habían concedido.